España afronta una factura de 13.400 millones para recuperar sus carreteras

España tiene por delante una factura de más de 13.400 millones de euros si quiere devolver su red de carreteras a un estado aceptable de conservación. El último diagnóstico manejado por la Asociación Española de la Carretera señala que el 52% de la red evaluada presenta deterioros graves o muy graves, una situación que afecta directamente a la seguridad vial, al transporte público por carretera y al coste real de cada desplazamiento.

El dato más llamativo no está sólo en la cifra económica, sino en la extensión del problema: cerca de 34.000 kilómetros necesitan actuaciones de reconstrucción urgente. En un país donde buena parte de la movilidad diaria depende del vehículo privado, del autobús interurbano y del transporte profesional, el estado del firme deja de ser una cuestión de mantenimiento rutinario y pasa a condicionar la eficiencia de toda la red viaria.

La conservación entra en la agenda de la movilidad

La advertencia llega durante la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra del 16 al 22 de septiembre y suele centrar el debate en el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie. La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil introduce ahora un matiz relevante: para hablar de movilidad sostenible también hace falta una infraestructura básica en buen estado.

La carretera sigue siendo el soporte de una parte esencial de la movilidad en España, incluso cuando el objetivo es reducir emisiones o favorecer alternativas al coche privado. Los autobuses metropolitanos, los servicios comarcales, los desplazamientos escolares y sanitarios, e incluso los recorridos ciclistas que utilizan arcenes o vías compartidas dependen de firmes seguros, señalización legible y márgenes conservados. Si esa base falla, la movilidad sostenible pierde capacidad real de implantación.

El deterioro del pavimento tiene además un impacto que va más allá de la comodidad de marcha. Un firme deformado o agrietado penaliza la adherencia, alarga distancias de frenado en determinadas condiciones y aumenta el desgaste de neumáticos, suspensiones y otros componentes. Para los usuarios particulares supone más averías y peor confort; para el transporte profesional, implica costes operativos acumulados que terminan pesando sobre empresas, administraciones y usuarios finales.

La cuestión del consumo también entra en juego. Circular por carreteras en mal estado obliga en muchos casos a mantener velocidades irregulares, corregir trayectorias y someter al vehículo a mayores resistencias mecánicas. La Asociación de Ingenieros de Caminos sitúa este sobreconsumo como uno de los argumentos que conectan conservación viaria y sostenibilidad: no basta con renovar flotas si la infraestructura sobre la que circulan no permite desplazamientos eficientes.

Un problema que afecta al transporte público por carretera

El autobús es uno de los grandes afectados por la degradación de la red secundaria y de los accesos urbanos. Aunque el debate público suele centrarse en trenes, zonas de bajas emisiones o carriles bici, el transporte público por carretera sostiene una parte importante de la movilidad cotidiana fuera de las grandes capitales. Si las rutas atraviesan tramos deteriorados, los tiempos de viaje se vuelven menos fiables y el servicio pierde atractivo frente al vehículo privado.

En las zonas rurales y periurbanas, la carretera también funciona como infraestructura de cohesión territorial. Los servicios de proximidad, desde el reparto hasta el acceso a centros sanitarios o educativos, dependen de una red capilar que no siempre recibe la misma atención que los grandes corredores. Por eso, los 34.000 kilómetros que requieren reconstrucción urgente no son solo una cifra técnica: representan conexiones diarias que se deterioran con cada campaña de conservación aplazada.

El problema se agrava porque el mantenimiento viario suele competir con inversiones más visibles políticamente. Abrir una nueva infraestructura genera titulares, pero conservar la existente exige presupuestos constantes y menos lucidos. En carreteras, retrasar una reparación no congela el daño: normalmente lo multiplica. Un firme que podría rehabilitarse con una actuación preventiva acaba necesitando reconstrucción estructural si se deja avanzar el deterioro durante demasiados ejercicios presupuestarios.

Ángel Sampedro, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, aparece como una de las voces técnicas que está poniendo el foco en esa relación entre conservación, transporte y eficiencia energética. El mensaje de fondo es claro: una red operativa no se mide únicamente por los kilómetros disponibles, sino por su capacidad para soportar tráfico real en condiciones de seguridad, regularidad y costes razonables para usuarios y operadores.

Seguridad vial, costes y emisiones

La seguridad vial es el primer argumento, pero no el único. La falta de conservación afecta a marcas viales desgastadas, drenaje deficiente, baches, deformaciones y pérdida de regularidad superficial. En condiciones de lluvia o baja visibilidad, esos defectos cobran más importancia. La red de carreteras española tiene una función estratégica para el turismo, la logística y la movilidad laboral, de modo que su deterioro se traduce en un problema económico y social de amplio alcance.

La presión sobre la red aumenta en un momento en el que el parque móvil avanza hacia la electrificación, los sistemas de asistencia a la conducción son cada vez más habituales y el transporte de mercancías mantiene una dependencia alta de la carretera. Sensores, cámaras y ayudas electrónicas funcionan mejor en entornos viarios bien señalizados y con referencias claras. Una infraestructura degradada reduce parte de ese potencial tecnológico, incluso en vehículos modernos.

El debate también alcanza a los itinerarios ciclistas. Fuera de los carriles segregados, muchos recorridos se apoyan en arcenes, travesías y vías convencionales donde el estado del firme resulta decisivo. Grietas, gravilla suelta o bordes deteriorados elevan el riesgo para usuarios vulnerables y dificultan que la bicicleta gane presencia en desplazamientos cotidianos. La movilidad activa necesita espacio, pero también continuidad y mantenimiento, especialmente cuando comparte entorno con vehículos motorizados.

Con una necesidad estimada de 13.400 millones de euros, la conservación de carreteras vuelve a situarse como una decisión de política pública con efectos directos sobre movilidad, seguridad y emisiones. La discusión ya no se limita a reparar baches: afecta a cómo se financia una red que soporta buena parte del transporte diario en España y que condiciona cualquier estrategia creíble de movilidad sostenible.